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Crítica al informe electoral sobre Venezuela de la Unión Europea

Por Alejandro Tarre

19.04.06 | Hay cierto grado de contradicción en el comportamiento de los líderes opositores que decidieron no participar en las elecciones parlamentarias y al mismo tiempo celebraron el informe de la misión electoral de la Unión Europea. El retiro de los candidatos de oposición lo provocó, en última instancia, el incidente de Fila de Mariches, donde se descubrió que las máquinas de votación no garantizaban completamente el secreto al voto. Sin embargo, en el informe la misión se manifiesta “sorprendida” por el retiro de los candidatos, no sólo porque se habían comprometido a participar si el CNE eliminaba el captahuella (lo cual ocurrió), también porque, hasta con el uso captahuella, la UE consideraba “remota” la posibilidad de que se violentara el secreto al voto.

Esta no es la única contradicción. Cuando se dio a conocer el informe, después de que leí varias veces las conclusiones generales, noté que algunas de las críticas de Jorge Rodríguez acerca de la manera como se estaba distorsionando su contenido en los medios eran razonables. ¿No contenía el informe, como lo señaló Rodríguez, comentarios generosos sobre la labor del consejo? ¿No indicaba la misión que “el sistema de votación venezolano tiene unas carácterísticas que cumplen con los estándares internacionales de voto electrónico más avanzado”? ¿No reconoce la “clara voluntad” del consejo de “responder a las demandas de la oposición y aumentar la confianza en el proceso”? A mi juicio, esas dos paginitas iniciales estaban más cerca de avalar el proceso que de deslegitimarlo. Unas declaraciones que hizo en rueda de prensa José Silva Pineda, jefe de la misión, despejaron mis dudas: “No tenemos duda de que los resultados de las elecciones de diciembre son legítimos.”

También noté que, con respecto al factor de la “desconfianza,” las declaraciones de Rodríguez eran certeras. El énfasis que se le dio a ese aspecto del informe en los medios de comunicación me pareció exagerado. El mero hecho de que un sector de la población desconfíe del consejo no significa necesariamente que esa desconfianza es justificada. Después de todo, la mayoría puede estar equivocada, como creo que lo está el 50 por ciento o más de la población que apoya al presidente Chávez y lo estuvo el porcentaje todavía más alto que lo eligió en 1998. Lo más importante no es el factor de la desconfianza en sí mismo, sino la fortaleza de los argumentos que están detrás de esa desconfianza.

Como para dejar clara esta diferencia, Pineda, en la misma rueda de prensa, comparó lo que ocurre en Venezuela con el miedo que siente la gente cuando viaja en carro o en avión. Según él, algunas personas temen más viajar en avión a pesar de que las estadísticas indican que es menos seguro viajar en carro. Es decir, a menos que se haya expresado con descuido, el jefe de la misión piensa que la desconfianza de amplios sectores de la población tiene un componente irracional. Esta comparación debío haber enfurecido a los líderes opositores que celebraron el informe, pero que yo sepa nadie siquiera levantó una ceja. Tampoco nadie se quejó de la sección del informe donde la misión juzga posible o especula que el rechazo a la participación electoral “haya ocultado las dificultades internas de la oposición para elaborar una nueva estrategia...que pudiese reunir el apoyo popular suficiente y disputarle el poder al presidente Chávez.”

Ahora bien, ¿significa esto que pienso que en Venezuela se cuenta con un sistema electoral confiable? No. Significa que no estoy de acuerdo con detalles claves del informe, con el peso asignado a cada uno de sus componentes o con el enfásis que se le dio a algunos aspectos y el poco énfasis que se le dio a otros. Creo que por ese afán de presentarse como un ente “objetivo,” es decir, de tratar de reconocer tanto los defectos como las virtudes de ambos “bandos” (como si la oposición fuese una fuerza monolítica), el informe relativiza el debate sobre la confiabilidad del sistema electoral, hasta el punto de que tanto el oficialismo como los diversos sectores de la oposición pueden utilizar sus señalamientos para defender su posición. Basta leer lo que dijeron sobre el informe la Agencia Bolivariana de Noticias, Aporrea, Vheadline, Venezuelanalysis y otros desaguaderos informáticos del régimen para comprobarlo.

El error más notorio de la misión es que desestima un argumento importantísimo –un argumento esgrimido por varios comentadores, pero que no ha recibido suficiente atención. Hay que recordar que en los comicios parlamentarios no estaba en riesgo el futuro del gobierno, pues los candidatos oficialistas gozaban de una alta popularidad y la presidencia no estaba en juego. Eso muy probablemente explica la actitud más “abierta” del consejo en las negociaciones con la misión y grupos opositores, razón por la cual la misión no debe poner un énfasis exagerado –como lo hace en el informe- a la actitud bondadosa y abierta del consejo. Pocos autócratas o semiautócratas hacen trampa en comicios que saben que van a ganar. ¿Para qué? ¿Para ganarse, sin necesidad, la antipatía de la comunidad internacional?

Antes de hacer esos generosos reconocimientos al consejo, la misión debe hacerse una pregunta clave: ¿cómo se comportó el CNE en los únicos comicios donde estaba en juego el futuro de la revolución, esto es, el referendo revocatorio del 2004? La lista de los abusos que se registraron en este proceso es extensa, demasiado larga como para incluírla aquí, pero vale la pena recordar el abuso más notorio, uno que da una idea de hasta donde es capaz de llegar Jorge Rodriguez y su combo para defender los intereses del presidente. Después de recibir 3.5 millones de firmas de ciudadanos venezolanos para convocar el reférendum, el CNE invalidó más de un millón de estas firmas aplicando retroactivamente una norma absurda que no fue parte del conjunto inicial de normas dictadas por el ente, sino improvisada un mes y medio despúes de que se recogieran y entregaran las firmas. El mismo informe de la UE habla sobre esta barrabasada, reconoce que la medida fue condenada por la OEA y el Centro Carter, aunque ello no parece aumentar su desconfianza y exceptiscismo a la hora de reconocer y enfatizar en el informe esa “clara voluntad” del consejo a hacer concesiones a la oposición.

Esta miopía e incapacidad de asignar el peso justo a cada elemento es aún más evidente con las listas Maisanta y Tascón. En las conclusiones generales la misión se limita a decir que la lista jugó a favor del abstencionismo, “estimulando el temor a que el secreto y la libertad de voto estuviesen amenazados.” Reto el lector a tratar de buscar una manera más suave de condenar una lista McCarthista de discriminación política a través de la cual el gobierno revocó contratos, despidió a trabajadores públicos, negó cédulas, pasaportes y acceso a programas sociales a cientos, sino miles, de venezolanos, y cuya existencia hasta el mismo presidente reconoció y justificó cuando, en uno de sus programas dominicales, encomendó a sus seguidores a que abandonaran su uso porque “ya había servido su propósito” –un dato fácilmente comprobable que no aparece en las 55 páginas del informe. Me pregunto si, en sus propios países, los miembros de la misión utilizarían el mismo lenguaje mesurado –“objetivo” en el peor sentido- para denunciar esta lista. Me pregunto cuál sería su reacción si Angela Merkel, Rodríguez Zapatero o Jacques Chirac hicieran uso de una lista como esa y luego lo reconociera abiertamente frente a cámaras de televisión.

Quien haya tenido la paciencia de leer el informe entero seguramente habrá encontrado, enterrado en la página 41, un parrafito revelatorio. Allí la misión expresa que “la compilación y divulgación pública de estas bases de datos no incumplió la normativa del referéndum, pero el uso que se ha hecho de ellos como instrumentos de presión e intimidación por todas las fuerzas políticas desde entonces es contrario a los principios básicos de derechos humanos (énfasis mío).” ¿Todas las fuerzas políticas? ¿También grupos opositores utilizaron la lista para discriminar? ¿Se castigaron también a los millones del electorado que no firmaron? ¿Utilizaron líderes antichavistas la lista para purgar el personal de Súmate y la alcaldía de Baruta o de Chacao? La estrategia de utilizar lenguaje diplomático para no cerrar las puertas de debate con un gobierno cada día más autocrático es válida, pero francamente esto ya esto sobrepasa los límites de la diplomacia y entra en el terreno de la irresponsabilidad. Esa misma oración ha debido estar no al final sino en la primera página del informe, con la palabra “oficialismo” reemplazando a “fuerzas políticas.”

Es verdad que en el informe hay ciertas virtudes que deben reconocerse. Todas las críticas razonables que se han hecho sobre el sistema electoral están allí: la provisionalidad del CNE, las fallas del registro, las listas duplicadas de partidos (o morochas), y además un justificado regaño a los medio de comunicación públicos y privados. Pero me temo que en pocos meses estas críticas y recomendaciones van a ser olvidadas y desestimadas (como ocurrió con las de los informes pasados) y lo que va a quedar es lo que expresó Pineda con respecto a la legitimidad del proceso. Las acusaciones a Chávez por ser un líder poco democrático serán cotejadas con ese sempiterno argumento de los defensores nacionales e internacionales de la revolución –un argumento, que además de desestimar matices, reduce la democracia a votos: “¿Qué Venezuela no es una plena democracia?” “¿No ha ganado Chávez no se cuántas elecciones?” “¿Y no avalaron la OEA, el Centro Carter y la UE esos procesos?”

aletarre@hotmail.com



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