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Un ejemplo de la justicia en Venezuela

Por Hugo Jonny Ordoñez Dorado

Yo, Hugo Jonny Ordóñez Dorado, Venezolano, cedula de identidad venezolana, número: V-6.068.379. Desde la clandestinidad, concurro y expongo ante el soberano lo siguiente: Desde el mes de Marzo de 2003 he sido acusado injustamente de haber participado en la masacre de los soldados de Altamira. Habiendo sido mi intención primaria el de ponerme a derecho, expresado así pública y notoriamente en el diario el Nacional desde el primer día en que salio a relucir mi nombre en la prensa, pues soy completamente inocente de lo que se me acusa. No pude hacerlo, porque simplemente el fiscal Gilberto Landaeta así como la juez adepta al oficialismo Deyanira Nieves no lo permitieron, pues se negaron a brindar la información debida a mi abogado defensor Dr. Alonso Mediana Roa para transitar el debido proceso al que tengo derecho.

Artículo 122. Derechos. El imputado tendrá los siguientes derechos: 1º. Que se le informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan.

Sepa usted soberano, que a los 18 días después de formuladas diversas solicitudes de información para ponerme a derecho, fue allanada mi residencia. Con el resultado fatal, de que mi hija Tania, menor de edad, ante la presencia de mas de una treintena de encapuchados armados con fusiles que me buscaban, sufriera un desmayo y cayera por las escaleras. Ahora tiene una lesión en la cervical permanente. En ningún momento y hasta la fecha, la Fiscalìa General no me ha garantizado el respeto de los derechos y garantías constitucionales, ni los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República a los que soy merecedor. Acuso al Fiscal General de ser cómplice absoluto de permitir el exceso policial que desde el 26 de marzo de 2003 estamos sufriendo en carne propia mi familia y yo. Las constantes amenazas telefónicas, el acoso en la calle a mis ancianos padres. Lo acuso de la presión psicológica que están ejerciendo los funcionarios policiales, cobardes de oficio, en contra de mis dos hijas menores de edad. Causándoles estragos aterrorizantes suficientes a mí digna y amada familia para que no levanten su vos de protesta, porque saben que los pueden silenciar, o tomar represalias en contra de sus nietas o de mí hermana. Bastante y suficiente con las amenazas de muerte en mi contra.

Acuso al Fiscal General de la Republica de ser cómplice directo de cada delito que ejecutan sus funcionarios policiales y del ministerio público, y de suministrarles poder absoluto para torturar, sembrar evidencias, fabricar testigos, y entorpecer la justicia en contra no solo de compañeros completamente inocentes de lo que se les acusa actualmente detenidos: Luís Chacin y Gregory Uamanes, sino en mi contra. Esta acusación es pertinente, soberano, ya que tomo muy en cuenta la declaración que hiciera el Fiscal General en el día de ayer, donde con su desfachatez acostumbrada, asevera : "que para la policía desde el momento en que investiga un caso, la Fiscalìa pasa a ser el jefe inmediato superior de estos funcionarios policiales o investigadores". Por lo tanto debe asumir toda la responsabilidad de la conducta del personal a su mando.

Acuso al Fiscal General de haber permitido que se me imputara denigrante y públicamente, de ser culpable de un hecho delictivo, sin que yo haya pasado por un proceso judicial limpio y transparente donde se demuestre mi culpabilidad o mi inocencia. Este hecho aconteció en ruedas de prensa repetidas hasta el cansancio por el canal del estado. Donde participaron el Ex ministro Lucas Rincón, el ex Jefe de la DISISP, el Coronel Miguel Rodríguez Torres y el actual director del CICPC, Marcos Chávez. Estos delincuentes se cansaron de violar todos mis derechos constitucionales y los que me otorga el Código Orgánico Procesal Vigente (Principios y Garantías Procesales, Artículo 1º. Juicio previo y debido proceso).

Mi derecho a ser considerado inocente hasta que se compruebe lo contrario, no existe. Señalo finalmente al Fiscal general de ser cómplice absoluto de acusarme de participar en la masacre de los soldados de Altamira, por medio de falsos testimonios, de falsos testigos. Por medio de testimonios producto de torturas físicas y psicológicas.

Por medio de falsedades y de un plan muy mal ejecutado de incriminación a la disidencia de Altamira por parte de funcionarios de la policía paralela que está a las ordenes del Fiscal Landaeta y que se dedica a cometer todo tipo de delito amparados y con la venia, repito del Fiscal General.

TITULO VII Régimen Probatorio Capítulo I Disposiciones generales Artículo 214. Licitud de la prueba. Los elementos de convicción sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este Código. No podrá utilizarse información obtenida mediante tortura, maltrato, coacción, amenaza, engaño, indebida intromisión en la intimidad del domicilio, en la correspondencia, las comunicaciones, los papeles y los archivos privados, ni la obtenida por otro medio que menoscabe la voluntad o viole los derechos fundamentales de las personas. Asimismo, tampoco podrá apreciarse la información que provenga directa o indirectamente de un medio o procedimiento ilícitos.

Hoy, 23 de Julio de 2005, hago responsable absoluto a este Fiscal General, a su fiscal estrella Gilberto Landaeta, a los funcionarios policiales que están sometidos a sus órdenes inmediatas de lo que pueda sucederle a mi familia a consecuencia de esta acusación pública que hago. Esperando en Dios y su Justicia divina, en quien confió plenamente, que pronto se hará verdadera justicia. Concluyo mi exposición.

Hugo Jonny Ordoñez Dorado

NO A LA IMFAMIA



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