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Situación de los derechos humanos en Venezuela

Reporte 2003-2004 | Elaborado por Provea

Caracas, 10.12.04.- En la presentación de su XVI Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela (Octubre 2003/Septiembre 2004), efectuada esta mañana, voceros de Provea revelaron un panorama que exige el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la erradicación de prácticas autoritarias en el comportamiento cotidiano del Estado. A 5 años de sancionada la Constitución, Provea reitera que la realización progresiva de los derechos humanos demanda acciones concretas que respondan a un Plan Nacional de Derechos Humanos.

A lo largo de su investigación, Provea constató incoherencias en las políticas públicas llevadas a cabo por el Gobierno Nacional: “si bien la mayoría de ellas apuntan a la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en los Civiles y Políticos (DCP) hay debilidades estructurales que impiden el fortalecimiento de un Estado democrático de derecho”. Carlos Correa, coordinador general de Provea, destacó que “la búsqueda de la justicia social no puede hacerse a costa de la institucionalidad democrática que, más bien, debe ser fortalecida”. Añadió que “el Gobierno Nacional debe abdicar de la tentación autoritaria y de los abusos de poder”.

Esta investigación examina 18 derechos humanos, divididos entre DESC y DCP, a partir de la definición de distintos indicadores que permiten entender su situación en conjunto. Sobre el balance de los primeros, el vocero de Provea mencionó como positiva “la reivindicación del rol del Estado en la protección y garantía de los mismos que, aún con grandes deficiencias en la gestión, se tradujo en medidas progresivas con efectos favorables particularmente en la cobertura de la atención primaria en salud (Barrio Adentro), el acceso a la educación (Misión Robinson I y II, Ribas y Sucre) y la distribución de tierras para la población campesina. Sin embargo, no ocurre lo mismo con otros derechos sociales como, por ejemplo, el derecho a la vivienda, en el que la capacidad de ejecución del gobierno nacional es de las peores de la década”.

En esta presentación, la organización abundó particularmente en el tratamiento de los derechos a la Salud y a la Vivienda, que corresponden a la prioridad institucional de Provea en DESC.

Sobre el derecho a la salud, Correa destacó que continúa en mora la aprobación de la Ley Orgánica de Salud, que permitiría adecuar la ley a los preceptos constitucionales y establecer normas que regulen el nuevo sistema de salud integrado a la seguridad social. Por otro lado, el financiamiento del sector sigue sin superar el 2% del Producto Interno Bruto (PIB). Incluso, durante el 2004, que fue del 1,3% del PIB, tuvo un decrecimiento de 0,5 puntos con respecto al año anterior, cuando fue de 1,8%.

Con respecto al derecho a la Vivienda, el vocero de Provea destacó la marcada brecha entre los requerimientos habitacionales de la población y la menguada respuesta del Estado en sus diferentes niveles de actuación. En el año 2003, se construyeron sólo 11.000 viviendas con fondos públicos. La demanda anual estimada es de 135.000 viviendas. Se mantiene un marcado déficit de 1.414.819 unidades habitacionales que requieren mejoramiento (infraestructura, servicios o ambas) y hace falta construir 981.983 nuevas viviendas. Esta situación se produce, pese a que el gasto público en vivienda registró en el año 2003 un aumento de la partida para este derecho. El informe valora como positivos el aumento en la cobertura en el acceso al servicio de agua potable y el proceso de regularización de la propiedad de tierras urbanas.

Sobre la situación de los DCP, en el período analizado, destacan negativamente el procesamiento de 111 civiles en la justicia militar, el aumento en el número de denuncias por violación al derecho a la vida, la integridad personal, los patrones de detenciones individuales y políticas en el derecho a la libertad personal. Esta situación expresa la ausencia de políticas democráticas de seguridad ciudadana.

Vicmar Morillo, co-coordinadora de la investigación, señaló que "los organismos de seguridad del Estado (nacionales, estadales y municipales), de manera estructural vulneran estos derechos, pues no tienen la formación adecuada y carecen de controles. Esto se agudizó por la impunidad generada en el sistema de administración de justicia". La consecuencia de todo ello, según el balance realizado por Provea es que, por una parte, se sigue criminalizando a los pobres, que son las principales víctimas, cuantitativa y cualitativamente, de abuso policial y militar y, por otra, en momentos de gran polarización política, el Estado, por acción u omisión vulneró derechos de activistas políticos.

Los voceros de Provea destacaron que “en medio de la intensa polarización política, Provea, junto al movimiento nacional de derechos humanos, insiste en la necesidad de generar espacios para algunos acuerdos básicos, que tengan como piso mínimo o punto de partida las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Con esta XVI edición, la organización reitera que los modos violentos de expresión del conflicto, que afectan a todos los derechos analizados en este Informe, pueden ser reducidos para darle paso a una administración más democrática del mismo”.

Finalmente, la organización invita a todas las personas interesadas a consultar y/o descargar en su sitio web http://www.derechos.org.ve la versión digital de este informe o adquirirlo por el correo-e:

publicacionesprovea@derechos.org.ve

o por los teléfonos: 0212 862 53 33/862 10 11/860 66 69.



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