El
breve e ilustrativo contenido del siguiente artículo, escrito por
Antonio Guillermo García Danglades y difundido por Argenpress
(www.argenpress.info), ofrece argumentos que ayudan a comprender la
estrategia del gobierno de Uribe Velez de internacionalizar el
conflicto interno que vive ese pueblo hermano, involucrando al
gobierno del Presidente Hugo Chávez: <
Tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948,
estalla en Colombia una cruenta guerra civil que ha dejado hasta hoy
millones de muertos y desplazados. Desde ese entonces, Venezuela ha
mantenido algún tipo de relación, siempre discreta, con los grupos
guerrilleros de este país. Esta vinculación se inicia bajo el primer
gobierno de Caldera y se intensifica con el de Carlos Andrés Pérez,
aunque diversos textos colombianos sostienen que durante la dictadura
del general Pérez Jiménez, Venezuela apoyó a la guerrilla colombiana
como una estrategia de política exterior que tenía como objeto mantener
ocupado las fuerzas militares colombianas, tal y como lo ha manifestado
el General de Brigada (R) Humberto Vivas González, quien fuera miembro
del Estado Mayor de Pérez Jiménez. En
1988, Venezuela apoyó la apertura política del gobierno de Belisario
Betancourt. La Unión Patriótica, partido político de las FARC, obtuvo
18 alcaldías en las elecciones municipales, pero una campaña de terror
en su contra dejó un saldo de trece alcaldes muertos y otros forzados a
renunciar, imposibilitando así la inserción de la guerrilla en el
sistema político colombiano. A comienzo de los 90, se produjeron dos
acontecimientos decisivos para el futuro de las FARC: el colapso de la
Unión Soviética, y el traslado en masa de los cultivos de coca desde
Bolivia y Perú hacia Colombia, permitiendo no solo el impulso de la
economía colombiana, sino el resurgimiento de la guerrilla, que a pesar
de que no la cultiva o transporta, le carga impuesto tal y como lo
hacen las instituciones financieras de países productores y
consumidores. Como consecuencia, el conflicto armado se agudizó en la
frontera colombo-venezolana, haciendo que el presidente Samper
planteara por primera vez la persecución en caliente de irregulares
colombianos en suelo venezolano, lo cual fue rotundamente rechazado por
el gobierno de Caldera por tratarse de una flagrante violación a la
soberanía nacional. Es entonces cuando el gobierno venezolano se
embarca en negociaciones directas con la guerrilla colombiana para
minimizar el impacto de sus operaciones en la frontera, lo cual
produjo, entre otras cosas, el ingreso de Granda a Venezuela. Con
la llegada de Andrés Pastrana al poder, el conflicto armado colombiano
alcanza una nueva dimensión. El equilibrio estratégico entre las
fuerzas armadas y las fuerzas guerrilleras es admitido tácitamente por
el gobierno colombiano permitiendo el inicio de las negociaciones de
paz. Para ello, se crea una zona desmilitarizada al tiempo que
funcionarios de Estado y organizaciones internacionales de todo el
mundo comienzan a sostener reuniones con líderes de las FARC,
reconociendo así su beligerancia política. Consecuente con la
constitución y su política exterior, el gobierno del presidente Chávez
apoyó con total decisión la política del presidente Pastrana y se
prestó como facilitador en las negociaciones de paz con la anuencia, en
todo momento y circunstancia, del gobierno colombiano. Sin
embargo, el difícil proceso de pacificación fue perturbado y
obstaculizado de manera sistemática por la posición ultraconservadora
de la oligarquía colombiana. Su más fiel representante, Alvaro Uribe,
llega a la presidencia y asume como propia la política exterior
estadounidense post 11-S basada en la Doctrina Bush de guerra
preventiva unilateral, lo cual pasaba inexorablemente por catalogar a
las FARC de terrorista y emprender su aniquilación total. Bajo el
amparo del Plan Colombia, Estados Unidos logró penetrar militarmente el
territorio colombiano y utilizarlo como puerta hacia una intervención
directa en la región andina, lo cual solo se podrá materializar en la
medida que los países fronterizos se vinculen directamente con el
conflicto armado colombiano. En
este contexto, la política integracionista y nacionalista del
presidente Chávez representa un serio obstáculo para las pretensiones
hegemónicas de Estados Unidos, por lo que la administración Bush
conjuntamente con la oligarquía colombiana, ha venido realizando desde
hace algunos años una serie de declaraciones y acciones de manera
sistemática que presentan al gobierno venezolano como un Estado
Forajido que ofrece albergue a grupos terroristas, tal y como se ha
hecho con el caso Granda. Además de descalificar al legitimo gobierno
bolivariano, esta estrategia de arrastrar a Venezuela hacia un
conflicto ajeno a sus intereses, es defendida por los cipayos de la
apátrida, pitiyanqui, reaccionaria y neoliberal oposición y medios de
comunicación venezolanos en menoscabo de la soberanía nacional. Son
ellos, quienes siguiendo las ordenes expresas de la administración
Bush, acusan al gobierno de Chávez de darle santuario a terroristas y
exigen llevar el tema del terrorismo a una cumbre de países andinos tal
y como lo pide el presidente Uribe y en contra de lo que ha sido
históricamente la acertada política de Venezuela, así como la de Brasil
y Ecuador, de no catalogar a las FARC de terroristas y considerar el
conflicto armado colombiano un asunto interno de Colombia. >
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