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La colectivización marxista de PDVSA

Editorial | Veneconomía

18.11.05 | Petróleos de Venezuela está encabezando la campaña del presidente Hugo Chávez para colectivizar la economía venezolana y arrancar de raíz las bases de la empresa privada. PDVSA anunció en un comunicado emitido el 11 de noviembre que ha establecido un fondo de $100 millones para promover la creación de Empresas de Producción Social (EPS) en el sector petrolero. El modelo de las EPS fue introducido por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) en septiembre de 2005, ahora está siendo impuesto por PDVSA dentro de la industria petrolera, la columna vertebral de la economía venezolana.

De acuerdo con la descripción que hace el gobierno de Chávez, el modelo representa un “nuevo” concepto de producción y propiedad, basado en las ideas marxistas (o chino comunistas) de colectivos comunistas.

Una EPS es una “comunidad de producción” sin fines de lucro, cuyos trabajadores son extraídos de las filas de las misiones y que tiene como funciones, entre otras, “satisfacer las necesidades básicas de la comunidad”. La propiedad es “colectiva” y los precios que se cobran por los bienes y servicios que producen deben ser “solidarios” y no estar sujetos a las “leyes del mercado”.

PDVSA señaló en el referido comunicado que las EPS “transformarán las relaciones de producción y de negocios” de la industria petrolera, incentivarán la producción, los servicios y la distribución comunitarios. Las nuevas EPS basarán sus actividades en los principios de solidaridad, cooperación, corresponsabilidad, igualdad, sustentabilidad y eficiencia con miras a reducir la pobreza e impulsar el crecimiento sostenible de Venezuela. “Cualquier compañía establecida legalmente que comparta sus ganancias por igual entre sus socios podrá registrarse como EPS”, informó PDVSA. Las EPS participarán en proyectos comunitarios a través de aportes al Fondo Social de PDVSA o proporcionando bienes y servicios. Además contribuirán con el desarrollo de compañías de servicios, distribución y producción comunitarios.

PDVSA creó un nuevo Registro de EPS que reemplazará el actual Registro Auxiliar de Contratistas (RAC). Todas las compañías tanto locales como extranjeras que desarrollen negocios en Venezuela con PDVSA están obligadas a participar en el programa EPS. Aquéllas que no califiquen como EPS deberán contribuir con el Fondo Social de PDVSA, y presentar propuestas sociales en los procedimientos de licitación en las que se comprometan a ejecutar obras y proveer bienes que satisfagan las necesidades comunitarias. Esto significa que empresas extranjeras como Petrobrás, Repsol YPF, Total, ENI, Royal Dutch/Shell, ExxonMobil y otras pronto estarán financiando la construcción de proyectos que PDVSA (Chávez) considere imprescindibles para las necesidades comunitarias. Estos proyectos podrían abarcar desde el bacheo de calles hasta la construcción de viviendas para la población de bajos ingresos, hospitales, estadios de béisbol, granjas pesqueras, o prácticamente cualquier cosa que para el gobierno signifique satisfacer las necesidades comunitarias.

No hay nada inherentemente incorrecto en que las compañías privadas tengan una mayor participación en las comunidades locales donde operan. Por ejemplo, en Estados Unidos los aspectos de responsabilidad y compromiso empresarial con las comunidades locales son importantes para las juntas directivas, accionistas, diseñadores de políticas gubernamentales y electores. Sin embargo, la introducción en PDVSA del programa de las EPS es parte del plan del gobierno de Chávez para implantar un nuevo modelo económico socialista en Venezuela. En este modelo la empresa privada es sistemáticamente desmantelada y absorbida por el modelo colectivista marxista autoritario que es la verdadera cara de la revolución bolivariana.

Las EPS no son una forma nueva de empresa privada. Más bien, funcionarían como cooperativas sobre las cuales el gobierno de Chávez ejercería un rígido control vertical desde la presidencia en Caracas hasta los cuadros chavistas, cuyo poder de decisión estaría, de hecho, controlado desde las filas más altas de la revolución, donde se toman todas las decisiones.

Las EPS tendrían varias repercusiones peligrosas para el desarrollo y la estabilidad de Venezuela. La creación de empleo real, competitividad, producción, libre oferta y demanda, y libertades económicas y personales serían estrangulados por el Estado. La rígida burocratización vertical del régimen de Chávez fomentaría ineficiencia, retardos, decisiones erradas, tráfico de influencias, nepotismo y corrupción. Es cierto que todas estas consecuencias negativas del programa de las EPS ya abundan en el gobierno de Chávez; sin embargo, el programa es garantía de que estos problemas serán mucho peores en el futuro.

La adopción por parte de PDVSA del programa de las EPS no es más que otra confirmación de que el presidente Chávez está encerrando al país dentro de una camisa de fuerza comunista que le permitirá eternizarse en el poder. En los últimos meses, el gobierno de Chávez ha estado confiscando propiedades privadas agrícolas e industriales a voluntad, ha inventado acusaciones penales contra sus enemigos y amenazado con reformar la Constitución después de las elecciones parlamentarias del próximo diciembre para ampliar los poderes del Presidente, amordazar a los medios, acelerar la destrucción de la propiedad privada y garantizar que Chávez gobierne a perpetuidad.

Contratos operativos de campos petroleros: Las empresas petroleras extranjeras que no hayan firmado los contratos de transición a empresas mixtas con PDVSA para finales de 2005 podrán seguir operando tres meses más mientras prosiguen las negociaciones, informa El Nacional. Anteriormente el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, había amenazado con que PDVSA asumiría el control total de los campos petroleros de cualquier compañía que no firmara los contratos de transición antes de fin de año. Hasta 5.000 empleados pasarán a ser empleados públicos cuando culminen las migraciones a empresas mixtas.



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