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El comunismo de Fidel Castro se instala en Venezuela: Polar desapropiada

Editorial | VenEconomy

El lunes 26 de septiembre el mandatario Chávez y su padre, el gobernador de Barinas, ejecutaron el decreto a muerte de la propiedad privada y del Estado de Derecho en Venezuela. El decreto para la adquisición forzosa de la planta Barinas I de Empresas Polar, despeja cualquier tipo de dudas sobre las verdaderas intenciones del gobierno revolucionario, con respecto a la pertinencia de la convivencia del sector privado con el “socialismo del siglo XXI”, que se impone en el país.

No existe justificación legal o moral para que el gobernador del estado Barinas, aparentemente obedeciendo las instrucciones de su hijo Presidente, firmara la expropiación de la Planta Promabasa. A fines de la semana pasada todo parecía haber vuelto a la ruta legal, y a la búsqueda de una salida constructiva para todos.

Las Empresas Polar habían agotado todos los extremos legales, mantuvieron una posición de bajo perfil sin beligerancia alguna; es más, demostraron que los silos estaban en plena operatividad y funcionamiento, como si eso fuera un requisito indispensable. El derecho a la propiedad privada incluye el derecho de tener activos inactivos. Es al gobierno a quien corresponde crear los incentivos para promover su activación. Y lo peor, la operatividad de la planta fue reconocida por el Ministro de Agricultura y Tierras, por la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que ve el caso, así como por la propia Gobernación de Barinas.

El mensaje de la abrupta expropiación este lunes de la totalidad de la planta, con silos, galpones, almacenes, patios y todo incluido, no puede ser más claro. En la Venezuela revolucionaria de Chávez no hay respeto a la propiedad privada, ni a la palabra empeñada, ni a la Ley, ni mucho menos a la letra de la Constitución, que no vale ni el papel donde está impresa.

Si Chávez y su gobierno pueden agredir impunemente a la principal y más grande empresa privada del país. ¿Qué queda para el resto de los ciudadanos? ¿Quién le impedirá aplicarle “el ácido y la espada de la ley” a CANTV, si no paga unos $279 millones que no debe a los jubilados y sus familiares? ¿Cómo negociar o resistir, cuando se está sitiado con el ejército como es el caso de los dueños de los hatos La Marqueseña, y La Vaca, por citar sólo dos?

De ahora en adelante, no hay empresa, industria, comercio, terreno, fundo, hacienda, escuela, casa, apartamento, ni rancho del que pueda decirse dueño algún venezolano. Según el mandatario, el Estado es el único propietario de las tierras, aguas y aire del país. El Estado, la ley y la Constitución se sintetizan en la persona de Hugo Chávez. Y no hay institución ni oposición que lo detenga.



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