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Presos, exilados y perseguidos en la Venezuela revolucionaria

por Ismael Pérez Vigil | Politólogo

Caracas 2 de febrero de 2004 | La primera semana de febrero el Gobierno de Chávez Frías llegó a su sexto aniversario. Esta vez no hubo grandes celebraciones, ni visitas de conspicuos personajes de la izquierda mundial; a quienes, como siempre, llevan a hacer recorridos a lugares pre establecidos, en donde puedan apreciar los avances de la revolución bolivariana, sin ningún tipo de desviación; que de todas formas es una precaución incesaría, pues quienes nos visitan en estas ocasiones solo ven lo que quieren ver. Sin ir más lejos, todavía recordamos la última visita del sacerdote-poeta Ernesto Cardenal, a quien le pareció que el baño de una casa del barrio que visitó estaba más limpio que los del Hotel Hilton; posiblemente eso era cierto, pero por las dudas Cardenal se quedo en su cómoda suite del Hilton y no se fue a hospedar en ninguna de la casas del barrio que visitó.

Esta vez solo escuchamos un relativamente corto discurso desde el Balcón del Pueblo, con la ya manida propaganda y glorificación de los éxitos revolucionarios y excusas de un Gobierno que habla de su falta de realizaciones culpando a los gobiernos anteriores, como si llevara solo dos meses en el poder y no la friolera de seis años. Tal vez ya estamos inmunizados y por nos dibujen un país de colores y fantasía, sabemos que la realidad es muy distinta en cada uno de los aspectos que queramos considerar.

A los Gobiernos se les mide —generalmente— por los resultados económicos; si eso es así, a pesar de los logros evidentes de las llamadas Misiones, los de esta revolución no pueden ser más magros: Desempleo, devaluación, inflación, deuda interna, pobreza creciente, caída del ingreso real en mas del 20% durante los últimos 4 años, etc. A pesar de que el panorama ha mejorado en el último año, producto de políticas populistas y demagógicas en año electoral, tras el gasto de ingentes recursos petroleros, es motivo de gran preocupación que esto ha ocurrido sin ningún control ni rendición de cuentas y —lo que es más grave— sin ninguna garantía de que se puedan mantener una vez que se reduzcan los precios del petróleo; no obstante, los resultados económicos malos y buenos, palidecen con los resultados políticos, que son los que me interesa resaltar.

Pudiera recurrir a enumerar la lista de perseguidos, exilados y detenidos políticos del actual Gobierno, pero eso no solo sería simple, sino que además es más importante detallar el modus operandi del régimen, para que se vea el verdadero carácter de la revolución venezolana; esa que admiran algunos izquierdistas europeos o liberales norteamericanos y uno que otro premio Nóbel de la Paz, aunque se supone que estos deberían ser especialmente sensibles a las violaciones de los DDHH.

El Estado de Derecho y la revolución bolivariana

Comencemos por evaluar, de manera muy general, las instituciones democráticas y el estado de derecho en este régimen, en comparación con lo que ocurría durante los 40 años anteriores de democracia. Venezuela es el país del mundo en donde existen más poderes públicos. A los tres poderes tradicionales de cualquier republica o democracia moderna: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se le agregan dos, el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. Pero a pesar de eso, en Venezuela no hay separación de poderes y todos ellos obedecen a una sola voz y a una sola orden, las que dicte Hugo Chávez Frías.

El Congreso bicameral que tuvimos durante 42 años, donde se respetaba la representación minoritaria y su directiva se integraba —como en todo Parlamento— en proporción a las fuerzas políticas presentes, cedió paso a una Asamblea Nacional (AN) controlada, donde su directiva esta integrada solo por simpatizantes del Gobierno, donde ni siquiera se respeta el régimen parlamentario de discusión y las reglas cambian constantemente, siempre para impedir la discusión democrática de las leyes.

La Fiscalia, garante de la ley y el Estado de Derecho, esta ocupada por un ex militante de uno de los partidos del Gobierno y ex Vicepresidente de la República, que contrasta con la situación anterior, en donde, por ejemplo, un Fiscal, que había sido Ministro durante el primer Gobierno del Presidente Pérez, es quien lo lleva a juicio y lo obliga a renunciar.

La Contraloría, cuya cabeza por lo general era un independiente o militante del principal partido de oposición, hoy en día es ocupada por un simpatizante del Gobierno que no ha llevado a los tribunales ni un solo caso de corrupción. Excepto los que tienen que ver con gobernadores y alcaldes de la oposición. Contamos con un Defensor del Pueblo, que no ha defendido ni opinado en ninguno de los sonados casos de violación de derechos humanos, pero que si lo ha hecho cada vez que hay que excusar y defender, en Venezuela o en el exterior, alguna acción represiva del Gobierno.

Disponíamos de una Corte Suprema de Justicia compuesta, como todo tribunal supremo, en proporción a las fuerzas políticas del país y que hoy es reemplazada por un Tribunal Supremo, algunos de cuyos integrantes fueron militantes de los partidos de Gobierno y ocuparon por esas organizaciones, bancadas en la Asamblea Nacional y asumieron su cargo bajo fogosos discursos en los que juraron ser fieles, no a la justicia, sino al “proceso revolucionario”.

La conducta política de la revolución

Si observamos la conducta política del régimen actual, frente a la disidencia y oposición por ejemplo, comparando con algunos hechos similares, nos encontramos con que en 1992 se produjeron dos cruentos intentos de Golpe de Estado, con saldo de muertos y heridos, pero sus protagonistas fueron bien tratados y aun en la cárcel nunca se impidió que los visitaran o se les glorificara como héroes. Incluso su causa fue sobreseída antes de que terminara el juicio, con lo cual ni siquiera se les inhabilitó políticamente; uno de ellos es él hoy Presidente de la República, otros son ministros, gobernadores, embajadores u ocupan altos cargos en la administración y empresas del Estado.

En 2002, el 11 de abril, el Gobierno actual fue victima de algo similar; el Presidente renunció, tras pedírsele la renuncia, al responsabilizarlo por los hechos sangrientos ocurridos en ese día, según dijo su Comandante en Jefe del Ejercito y General de más alto rango; y se generaron a partir de allí algunos confusos hechos que aun no se han podido aclarar, pero que ni siquiera el TSJ pudo declarar como delito. ¿Cómo son tratados algunos de los actores de esos hechos, en comparación a como fueron tratados los golpistas de 1992?

Algunas personas que fueron vistas, fotografiadas y filmadas, en escenas que dieron la vuelta al mundo—incluso algunos de ellos confesos— cuando disparaban a la manifestación que se dirigió a Miraflores el 11 de abril de 2002 y que precipito todos los acontecimientos, fueron absueltos y considerados como héroes de la revolución por los simpatizantes del Gobierno y el propio Presidente de la República. En cambio están detenidos, desde hace más de un año, ocho policías metropolitanos y están acusados dos altos jefes policiales, Lázaro Forero y Henry Vivas, y un asesor, Iván Simonovis, de ser los autores intelectuales. No esta detenido el ex Alcalde Mayor, Alfredo Peña, simplemente porque se ausento del país al poco tiempo de dejar su cargo.

A los militares —que le solicitaron la renuncia al Jefe del Estado, por su responsabilidad en los hechos del 11 abril de 2002— se les intento enjuiciar por rebelión militar, pero ni siquiera el TSJ encontró delito en lo ocurrido y no los pudo condenar. Dos años y medio mas tarde se reabre el caso, cuando el TSJ es totalmente favorable al Gobierno, después de una modificación de la Ley y ser electos 12 magistrados adicionales, todos simpatizantes del régimen y tras jubilar a algunos magistrados “díscolos”.

A los civiles, también dos años y medio más tarde, se les trata de juzgar por rebelión militar, delito que ni siquiera es valido para enjuiciar a un civil; mas de 400 personas que asistieron al Palacio de Miraflores a la juramentación del nuevo Gobierno o que firmaron el Decreto de dicho Gobierno, que ni legal es, pues nunca fue publicado, se les acusa de “rebelión civil” y a algunos de ellos, los más notorios y conocidos, se les prohibió la salida del país durante dos meses, sin que se establecieran los hechos, se les acusara formalmente de algún delito o se iniciara el juicio. Por supuesto que no se les intenta hacer pagar por un supuesto delito cometido en 2002, lo que se busca es atemorizar en ellos a toda la población y hacerles pagar por su conducta opositora durante los dos años posteriores.

En síntesis, para no alargar mas el tema, como consecuencia, de todos estos confusos hechos de abril de 2002, varios de sus protagonistas están en el exilio; por ejemplo Pedro Carmona Estanga —que fue designado Presidente de ese Gobierno provisional— al igual que otros civiles y militares que participaron o fueron nombrados en cargos en ese efímero Gobierno, que no duro ni 48 horas, pero que según el Gobierno de Chávez Frías es el culpable de todos los males que ocurrieron en el país desde 2002 y de todos los abusos que cometieron los cuerpos represivos del estado en esos días de abril, sobre los cuales el supuesto Gobierno de Carmona no tuvo nunca ningún control.

Al igual que connotados personajes de oposición, que participaron en los sucesos de abril, están en el “exilio” miles de venezolanos, especialmente jóvenes, que nunca se involucraron en actividades políticas y que han huido del país buscando un futuro y alguna oportunidad de ejercer sus profesiones y vivir con cierta tranquilidad.

El trato revolucionario a la disidencia política

Los años 2002 y 2003 estuvieron dominados por protestas y manifestaciones multitudinarias en contra del Gobierno, en oposición a decisiones en materia educativa y económica. Ese proceso concluyó en una huelga o paro cívico, en solidaridad con más de 20 mil empleados petroleros que fueron despedidos por el Gobierno. Esa huelga —calificada como insensata e ineficaz, por muchos sectores de la propia oposición, que se oponían a su realización— no tuvo ninguna efectividad pues era evidente que al Gobierno no le importaba que el país se arruinara y no transigió en ninguna de las solicitudes que se hicieron. Pero como consecuencia, tuvo que exilarse el Presidente de la CTV, que de todas maneras nunca había sido reconocido por el régimen. Le fue dictado también auto de detención al Presidente de Fedecamaras, puesto en libertad, tuvo que irse del país, perseguido, arruinadas sus empresas y acosada su familia por el régimen. Recientemente a varios ex directivos petroleros, todos del sindicato Unapetrol, y muy activos durante el paro cívico, les fue dictado auto de detención y se encuentran prófugos por su participación en los hechos de finales de 2002 e inicios de 2003.

Las protestas continuaron durante todo el año 2003 y parte de 2004, con la sociedad civil y los partidos opositores buscando una vía constitucional para revocar el mandato del Presidente de la Republica. A pesar de que este es un derecho que consagra la Constitución, el Gobierno después de poner todas las trabas, amenazar y tratar de traidores a quienes firmaban solicitando el referendo revocatorio, ha arremetido contra las personas y organizaciones que ayudaron a organizar a los ciudadanos para este propósito. Ha acusado a algunas ONG nacionales de recibir dinero de organismos internacionales para intentar desestabilizar al Gobierno y los ha acusado de traición a la patria, se les ha prohibido la salida del país y se les ha intentado apresar.

Mucho se ha ponderado el éxito de las Misiones; y se les ha puesto de ejemplo de políticas sociales de atención a las necesidades más acuciantes de una población empobrecida por la mala administración de la riqueza, por la corrupción y una serie de vicios. Lo que no se dice es que han sido implementadas después de cinco años de Gobierno errático, dilapidador de inmensos ingresos petroleros y lo que es más importante, tampoco se dice que sus beneficios no son para todos los venezolanos, sino que son pretexto para odiosas discriminaciones. Los beneficios de las Misiones, en la mayoría de los casos solo llegan a los simpatizantes del régimen, pues los firmantes de la solicitud de revocatorio del Presidente de la República, nos disfrutan de las becas y subsidios, de los prestamos blandos y algunos de ellos fueron obligados a dejar sus trabajos como empleados públicos o de empresas del Estado, a menos que se retractaran por escrito de haber firmado dicha petición.

La “justicia” revolucionaria

La aplicación de la justicia revolucionaria es también muy singular bajo el régimen de Chávez Frías. No hay un ejercicio “directo” de persecución a sus enemigos por parte del Gobierno, se sirve para ello de todo el sistema que ha creado y que domina sin ningún cuestionamiento. Veamos un solo caso como ejemplo, el caso de Tulio Alvarez.

El ex presidente de la Asamblea Nacional, William Lara, alto dirigente del MVR, partido de Gobierno, fue acusado por funcionarios jubilados de la Asamblea por la forma en que manejó los fondos de pensión y retiro. Hay un informe de la contraloría de la propia Asamblea que avala esa denuncia. Los jubilados contrataron al abogado Tulio Alvarez para intentar una demanda privada en contra de William Lara por la forma en que se manejo ese fondo, alegando que fueron perjudicados. Pues bien, a Tulio Alvarez —el abogado de los trabajadores jubilados quien informó a la prensa del contenido del informe de la Contraloría de la asamblea— se le ha dictado prohibición de salida del país, medida cautelar reservada a funcionarios públicos y él no lo es, y ahora se le amenaza con privarlo de su libertad. No solo eso, al Presidente del sindicato de jubilados que presenta la demanda, quien fue llamado como testigo al juicio, se le dictó auto de detención por delito de “flagrancia” en el momento de dar su declaración. Los abogados de Tulio Alvarez han renunciado a su defensa por considerar que este es un juicio viciado, político y parcializado.

Tulio Alvarez no es solo el abogado de los jubilados que reclaman su derecho contra el ex presidente de la Asamblea Nacional; es el abogado que en nombre de la Coordinadora Democrática de oposición condujo las investigaciones sobre los resultados del referendo presidencial del 15 de agosto de 2004 y que acuso al Consejo Nacional Electoral de haber cometido fraude en ese proceso y al Gobierno de alterar el Registro Electoral, inscribiendo miles de personas sin cumplir los requisitos legales, para que pudieran votar en ese proceso.

Las agresiones a la prensa

Este tema ha sido muy documentado por algunas agencias internacionales de defensa de los derechos humanos y sobre todo, puesto en evidencia por la serie de medidas cautelares que, para proteger a los periodistas, ha tenido que emitir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Pero veamos solamente un ejemplo concreto y reciente que nos ilustre el modus operandi del régimen en este sentido.

El 18 de noviembre de 2004 fue asesinado el fiscal Danilo Anderson. El fiscal asesinado estaba involucrado en los casos más importante del régimen en contra de connotadas figuras de la oposición, tales como la acusación por una supuesta "Conspiración” de Súmate, una ONG que se encargó de los aspectos técnicos de la recolección de firmas para revocar al Presidente Chávez Frías; el del alcalde de la oposición Enrique Capriles, acusado de una supuesta "invasión a la embajada de Cuba"; Anderson fue también el fiscal acusador de los pistoleros de Puente Llaguno, que fueron finalmente absueltos, según algunos por estar mal elaborada la acusación y el expediente; de los 8 policías Metropolitanos acusados de asesinato de los manifestantes del 11 de abril de 2002, en lugar de los pistoleros de Puente Llaguno; y últimamente estaba imputando a todos y cada uno de los firmantes del Decreto de Carmona Estanga del 12 de Abril del 2002, después que el General Lucas Rincón anunciara la renuncia de Chávez a la presidencia. Lucas Rincón no fue imputado de ningún cargo.

Tras el brutal asesinato, el Gobierno inmediatamente lo calificó de “crimen político” y generó una matriz de opinión según la cual el fiscal fue proclamado héroe, velado en capilla ardiente en la Asamblea Nacional, condecorado post mortem con la orden del Libertador y considerado un ejemplo de la revolución bolivariana. A los pocos días fueron muertos por la policía dos sospechosos de estar involucrados en el crimen; uno de ellos, abogado, hijo de una ex ministra durante el proceso democrático, pereció en un tiroteo en plena calle; el otro fue ultimado en un hotel del centro del país, en circunstancias que sus familiares califican de extrañas, pues ha trascendido que habría muerto en otra parte y llevado al hotel para simular el enfrentamiento. Días más tarde fueron detenidas tres personas, los hermanos Guevara y un primo del mismo apellido, acusados de ser los autores materiales del crimen, de quienes se dice que también habrían sido torturados.

Desde el mismo momento de su muerte, el concejal Carlos Herrera, amigo del Fiscal Anderson, comenzó a sembrar dudas acerca de la naturaleza política del crimen y en enero, concretamente el día 5, el propio Ministro del Interior y Justicia, Jesse Cachón, le da una vuelta a la investigación al declarar que se descubrió que operaban dos mafias de abogados, una de ellas ligada al fiscal Anderson, que estarían extorsionando a los imputados por el fiscal en los diversos casos que tenía a su cargo. A partir de allí se ha destapado una olla maloliente, cuyas implicaciones no se sabe todavía a donde podrán llegar.

Toda la prensa, incluso algunos órganos y periodistas de la prensa oficial, han sacado a relucir diversas versiones e incluso algunos documentos, que se dice provienen del expediente que maneja la policía y la Fiscalía. Como consecuencia de ello, el Fiscal General ha decidido imputar, únicamente, a la periodista Patricia Poleo por difundir la información sobre el caso Anderson que se considera clasificada. Patricia Poleo es una periodista, opositora del régimen, que se dio a conocer internacionalmente por ser la que divulgo la presencia de Vladimiro Montesinos en Venezuela, protegido por funcionarios del Gobierno. La periodista Poleo también tiene juicios abiertos, de carácter supuestamente privado, por las acusaciones que ha hecho de corrupción contra altos funcionarios del régimen, algunos de ellos miembros de las fuerzas armadas. En su favor se han dictado medidas cautelares de protección, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Contrasta la imputación a esta periodista, con la conducta del Fiscal general, ex Vicepresidente de la República con Chávez Frías, frente a otros medios de prensa y periodistas simpatizantes del Gobierno, quienes también han revelado información, han mostrado documentos supuestamente confidenciales y sin embargo no han sido imputados o acusados, como lo ha sido la periodista Poleo. Estas imputaciones de la Fiscalia y las demandas de “carácter privado” de algunos altos funcionarios del Gobierno, denunciados por faltas diversas y corrupción, en contra de los periodistas y medios de comunicación que los acusan, son una de las modalidades del régimen para acosar, atemorizar y perseguir a los que le hacen oposición.

Interminable sería continuar con la enumeración de casos. También creo que innecesario; baste concluir diciendo que tras seis años de Gobierno revolucionario, en Venezuela se cuentan en casi un centenar los muertos por la violencia política desplegada por el régimen y por miles los perseguidos, los exilados y los presos políticos de la revolución bonita.



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